El brazo político de ETA ilegalizado
antes de las elecciones generales
Después de tres años de resistencias y negativas, el Gobierno ha estrenado la campaña electoral anunciando el inicio de acciones contra ANV y el Partido Comunista de las Tierras Vascas. Sin embargo, el Supremo ha rechazado la petición de suspensión realizada por la fiscalía del Estado. Paralelamente Garzón ha tomado la iniciativa para evitar la presentación de listas.
Desde que en 2005 el Partido Popular comenzase su cruzada para ilegalizar al brazo político de ETA, han sido numerosas las negativas del fiscal general del estado, Conde-Pumpido, basadas en una supuesta falta de relación entre los partidos nacionalistas aberzales y la banda terrorista.
A pesar de las acusaciones realizadas por Grande Marlaska a los dirigentes del PCTV por colaboración y pertenencia a banda armada, el proceso de ilegalización propuesto por el Partido Popular fue rechazado en el Congreso en cuatro ocasiones por el Partido Socialista y sus socios en el Gobierno. Las investigaciones de Grande Marlaska fueron interrumpidas tras su repentino cese y sustitución por el magistrado Baltasar Garzón, quien en 2006 afirmaba no encontrar “la más mínima relación” entre estos partidos y la ilegalizada Batasuna.
A lo largo de 2007, los cuerpos de Policía y Guardia Civil obtuvieron y presentaron pruebas que demostraban los pagos directos de ANV a Otegi y otros miembros de Batasuna, así como la pertenencia de altos cargos de ETA en las nóminas del PCTV. Incluso tras estos hallazgos, el Congreso rechazó de nuevo la propuesta de ilegalización realizada.
A principios de este año se han hecho públicos algunos documentos incriminatorios, entre los que destacan los mensajes telefónicos enviados por miembros de Batasuna con órdenes expresas a seguir por el PCTV. La polémica nace en las declaraciones de la Policía, que afirma que todas las pruebas ya estaban en poder del Gobierno hace más de dos años.
Es en febrero de 2008, un mes antes de las elecciones generales, cuando a través de la Audiencia Nacional han comenzado las primeras detenciones de algunos de los miembros de ANV y PCTV, al tiempo que la Fiscalía ha presentado en el Tribunal Supremo la demanda de ilegalización de ambos partidos. El Tribunal Supremo no ha considerado procedente la suspensión de actividades de ANV por encontrar las medidas desproporcionadas, dado lo que el Estado ha tolerado a estas formaciones estos últimos tres años. Por otra parte, sí ha retirado su derecho a presentarse a las próximas elecciones, y ha prohibido su financiación pública. Una vez intervenidos los fondos de ANV, tanto la Audiencia Nacional como el Tribunal Supremo han solicitado ejercer la custodia del dinero. Ahora la simultaneidad de procesos, acelerados por la cercanía de las elecciones, está provocando ciertas incompatibilidades que ya ha denunciado el Tribunal Supremo ante los medios.
Desde que en 2005 el Partido Popular comenzase su cruzada para ilegalizar al brazo político de ETA, han sido numerosas las negativas del fiscal general del estado, Conde-Pumpido, basadas en una supuesta falta de relación entre los partidos nacionalistas aberzales y la banda terrorista.
A pesar de las acusaciones realizadas por Grande Marlaska a los dirigentes del PCTV por colaboración y pertenencia a banda armada, el proceso de ilegalización propuesto por el Partido Popular fue rechazado en el Congreso en cuatro ocasiones por el Partido Socialista y sus socios en el Gobierno. Las investigaciones de Grande Marlaska fueron interrumpidas tras su repentino cese y sustitución por el magistrado Baltasar Garzón, quien en 2006 afirmaba no encontrar “la más mínima relación” entre estos partidos y la ilegalizada Batasuna.
A lo largo de 2007, los cuerpos de Policía y Guardia Civil obtuvieron y presentaron pruebas que demostraban los pagos directos de ANV a Otegi y otros miembros de Batasuna, así como la pertenencia de altos cargos de ETA en las nóminas del PCTV. Incluso tras estos hallazgos, el Congreso rechazó de nuevo la propuesta de ilegalización realizada.
A principios de este año se han hecho públicos algunos documentos incriminatorios, entre los que destacan los mensajes telefónicos enviados por miembros de Batasuna con órdenes expresas a seguir por el PCTV. La polémica nace en las declaraciones de la Policía, que afirma que todas las pruebas ya estaban en poder del Gobierno hace más de dos años.
Es en febrero de 2008, un mes antes de las elecciones generales, cuando a través de la Audiencia Nacional han comenzado las primeras detenciones de algunos de los miembros de ANV y PCTV, al tiempo que la Fiscalía ha presentado en el Tribunal Supremo la demanda de ilegalización de ambos partidos. El Tribunal Supremo no ha considerado procedente la suspensión de actividades de ANV por encontrar las medidas desproporcionadas, dado lo que el Estado ha tolerado a estas formaciones estos últimos tres años. Por otra parte, sí ha retirado su derecho a presentarse a las próximas elecciones, y ha prohibido su financiación pública. Una vez intervenidos los fondos de ANV, tanto la Audiencia Nacional como el Tribunal Supremo han solicitado ejercer la custodia del dinero. Ahora la simultaneidad de procesos, acelerados por la cercanía de las elecciones, está provocando ciertas incompatibilidades que ya ha denunciado el Tribunal Supremo ante los medios.
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